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Consolidación del nuevo orden liberal (1833-1874)





El reinado de Isabel II abarca el segundo tercio del siglo XIX, desde 1833 hasta la revolución de 1868, que obliga a la reina a salir del país en pos de una ‘España con honra’. Previamente, se estableció una etapa de minoridad y regencia de María Cristina y del general Baldomero Fernández Espartero, clausurada en 1843 al proclamarse oficialmente la mayoría de edad de la heredera del trono con apenas 13 años. Las notas más sobresalientes del legado político isabelino fueron el desmantelamiento de los fundamentos económicos y jurídicos del Antiguo Régimen, perfilado por los partidarios de la Constitución de 1812 o doceañistas (disolución del régimen señorial, desvinculaciones y proceso de desamortización), y la puesta en marcha de una revolución burguesa imperfecta, pero que provoca cambios cualitativos en la organización social (sociedad clasista) y política (constitucionalismo), las relaciones de producción (economía capitalista), y las estructuras mentales (utilitarismo y mentalidad burguesa entusiasta de la propiedad y el ahorro).

Comprobada la tibieza del Estatuto Real de 1834, la última Carta Otorgada de la monarquía española por la que la regente, en plena Guerra Carlista, decide desprenderse de algunas atribuciones, sucesivos textos constitucionales de talante moderado (Constitución de 1845) o progresista (Constitución de 1856), fijaron las reglas del juego político de esta etapa. Todos ellos coincidían en limitar el voto a los varones que reunieran determinados requisitos económicos o sociales (sufragio censitario), sin aceptar la participación popular en la vida pública ni resistirse a volcar en el articulado constitucional sus ideologías y programas políticos; de ahí la escasa vigencia y trasiego de estas normas fundamentales, al arbitrio de coyunturas políticas. Los roces entre los poderes militar y civil en la España isabelina fueron permanentes, con implicaciones de carácter personal y liderazgo político de insignes militares al frente de los principales partidos (Leopoldo O’Donnell, Ramón María Narváez, Baldomero Fernández Espartero), al igual que el contexto bélico y la sobreactuación del Ejército se convirtieron en componentes habituales del paisaje peninsular. Algo parecido ocurrió con la Iglesia, aferrada desde tiempos inmemoriales a sus amortizados patrimonios y privilegios (manos muertas), y cuyo pulso con el Estado a raíz de la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal acabará en amistosa reconciliación plasmada en el Concordato de 1851, vigente hasta el franquismo.

Si exceptuamos el Bienio Progresista (1854-1856) y algunos tramos del periodo subsiguiente de gobierno de la Unión Liberal, el moderantismo es la ideología dominante en la monarquía isabelina, que encontró en la emblemática Década Moderada (1844-1854) sus más duraderas realizaciones. Sirvan de muestra, al margen de la histórica creación de la Guardia Civil, la centralización administrativa y jerarquización burocrática acometidas durante dicho periodo, de probada eficacia en connivencia con las oligarquías locales, y el centralismo asumido en la estructuración territorial del Estado, contrario al hecho diferencial y partidario del modelo uniforme. La confusión entre unidad y uniformidad fue un rasgo sustancial del liberalismo doctrinario decimonónico.

La sublevación gaditana desatada en septiembre de 1868, con el brigadier Juan Bautista Topete a la cabeza, en pocos días llevó al exilio a la reina en medio de una gran expectación e incertidumbre. Detrás de estos acontecimientos revolucionarios se vislumbraba la incidencia desarticuladora de la crisis financiera de la década de 1860, junto al desprestigio interno de un régimen favorecedor de las clases propietarias y el descrédito personal de la propia Isabel II. El mayor problema estribaba en que, bajo la Gloriosa (nombre con el que se conoce la revolución de 1868), se plantearon muy diferentes soluciones a los males de la patria. Mientras que el general Juan Prim, cerebro pensante del golpe militar y redactor del Manifiesto, defendía una monarquía democrática en la línea modernizadora occidental, para políticos de la talla del líder catalán Francisco Pi i Margall, la receta idónea era el republicanismo como nueva forma de gobierno. Similar divorcio interpretativo se detectaba entre la tendencia reaccionaria de las guarniciones militares más significativas, monárquicas pero no isabelinas, y la opinión mayoritaria de la población civil, que exigía transgredir ésta y otras barreras seculares.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) presentó una cambiante morfología política, como acreditaron sus variados sistemas políticos: regencia de Francisco Serrano, monarquía democrática de Amadeo de Saboya y I República de tinte federal, unitario y presidencialista. Ahora bien, estas céleres transformaciones resultaban en buena medida superficiales, por cuanto pervivían hipotecas y numerosos rasgos de continuidad con la etapa anterior (aparato estatal, entramado socioeconómico), que explican a la postre el fracaso de este primer intento por consolidar un Estado democrático y de derecho en España. Ése era el objetivo de la Constitución de 1869, la primera en proclamar el sufragio universal masculino, la libertad de cultos pública y privada, y otros derechos fundamentales como los de reunión y asociación, claves para la formación del incipiente movimiento obrero en su vertiente política y sindical.

La renuncia irrevocable al trono de Amadeo I en febrero de 1873 supuso, en plena combustión política y con fundadas dudas sobre su legalidad constitucional, la paradoja histórica de que unas Cortes mayoritariamente monárquicas votaran, en un alarde de pragmatismo, la instauración de un régimen republicano. La meteórica experiencia de la I República, cuyo advenimiento transaccional provino de una negociación política, no consiguió traducir sus propuestas en una estabilidad parlamentaria, ni afianzar la España progresista soñada por una generación incapaz de traspasar el umbral de una revolución teórica. Por el contrario, la radicalización y el mesianismo revolucionario que ahogaron la fórmula federal contenida en el proyecto constitucional, cristalizaron en la revolución cantonal, un cóctel de frustraciones de índole regional, social y política. Las tropas del general Pavía dentro de las Cortes, en enero de 1874, se encargaron de poner el broche final a esta fugaz experiencia, a la vez que el pronunciamiento golpista del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto (Valencia) unos meses después, disipó toda duda sobre el futuro próximo. Así se cierra esta página de la historia de España, donde la clase obrera comprendió que la burguesía nunca haría su revolución, y el regionalismo probó el sabor amargo tanto del centralismo como de la atomización cantonal.









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Publicado en: 2014-01-27 (850 Lecturas)

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