Sefardíes falsos
El estudio detallado de los expedientes ha destapado miles de solicitudes que no se ajustan a los requisitos. Abogados y algunas comunidades judías acusan al Gobierno de endurecer los criterios y de antisemitismo.
Una alerta policial por fraude dispara las denegaciones de nacionalidad a los sefardíes
Un escrito policial enviado al Ministerio de Justicia a finales de 2018 hizo saltar las alarmas. Los agentes advertían de la existencia de una organización criminal y posibles fraudes en la tramitación de la nacionalidad española por parte de descendientes de sefardíes. La información partía de la embajada española de un país latinoamericano. El oficio policial cambió radicalmente la forma de estudiar las solicitudes, empujó a los funcionarios a mirar con lupa los expedientes y provocó un torrente de denegaciones al comprobarse que, en miles de ellos, no se cumplían las exigencias de la ley. Las más de 3.000 demandas rechazadas en los últimos meses han provocado una encendida polémica. Algunas comunidades judías y un puñado de abogados acusan al Gobierno de antisemitismo y de cambiar el criterio para aprobar los expedientes. El PP ya ha pedido explicaciones. Justicia y la Federación de Comunidades Judías de España lo niegan y ven apenas la aplicación de un mayor celo (antes prácticamente inexistente) en el proceso.
Los descendientes de los judíos que vivían en la Península Ibérica y fueron obligados a marcharse de España en 1492 tienen desde 2015 una ley específica para pedir la nacionalidad española sin renunciar a la suya. Impulsada por el entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, la norma buscaba una “reparación histórica”. Para obtener el pasaporte español los interesados, entre otras cosas, tienen que demostrar sus orígenes con un certificado de la comunidad judía de su país de nacimiento o de residencia y acreditar su vínculo con España. La ley delegó en los notarios la recopilación y verificación de la documentación y Justicia se reservaba el estudio final del expediente, la comprobación de penales y su aprobación.
Durante todos estos años prácticamente ninguno de los candidatos tuvo problemas para superar el trámite. Hasta 2020 se habían resuelto favorablemente 20.908 peticiones y solo una se había rechazado, según datos del Ministerio de Justicia. Pero cuando el aviso policial activó la alerta, fuentes de Justicia admiten que se descubrió que miles de candidatos estaban registrando peticiones sin cumplir todos los requisitos, y que, entre otras cosas, se habían aportado certificados de comunidades judías de países sin vínculos con los solicitantes o que se presentaban los documentos ante notario por poderes cuando la ley exige que se haga en persona. Los expedientes habían pasado el filtro inicial de los notarios y el departamento del ministerio responsable por las nacionalidades, que sufre una falta crónica de personal con poco más de 30 funcionarios, acababa concediendo los pasaportes verificando solo los antecedentes penales.
Después de comprobar que el procedimiento era mejorable, se decidió, según las mismas fuentes, priorizar y aprobar los expedientes sin sombra de duda e ir aparcando los cuestionables. También se envió una circular a los notarios, en octubre de 2020, advirtiéndoles de los defectos detectados en las actas de notoriedad e instándoles a que extremasen el celo al aceptar los documentos que se presentaban. El refuerzo de 100 funcionarios para tramitar estas y otras nacionalidades también ha permitido estudiar con más detalle cada expediente. La estrategia se reveló este año, cuando se concedieron 15.274 nacionalidades más, pero se denegaron 3.019.
Uno de los principales motivos de denegación ha sido la presentación de certificados de ascendencia emitidos por comunidades judías que nada tienen que ver con el lugar de origen o residencia del solicitante. Durante años estos informes colaron, no porque fuesen válidos, sino porque los documentos no se revisaban con la atención que requerían, explican fuentes de Justicia. “Los criterios no han cambiado y están en la ley”, mantienen.
En los expedientes denegados aparece con frecuencia una comunidad judía que prestó sus servicios a miles de ciudadanos latinoamericanos que aspiraban a convertirse en españoles. La Federación Judía de Nuevo México (Estados Unidos) afirma haber emitido unos 20.000 certificados y ha sido una de las que se ha alzado contra el Gobierno. Lo acusa de cambiar las reglas del juego e imponer nuevos requisitos y defiende el rigor de sus procedimientos. Sara Koplik, directora del programa de herencia sefardí de la federación de Nuevo México, es una de las solicitantes rechazadas y ve “antisemitismo” en el alto volumen de denegaciones. “Creemos que Justicia no está examinando los casos con cuidado y simplemente está rechazando a los solicitantes porque no quieren que los sefardíes se conviertan en ciudadanos”, mantiene.
Koplik no está sola y varios abogados y gestores, que concentran un porcentaje enorme de expedientes presentados, acusan al Ejecutivo de imponer nuevos criterios y de sembrar dudas sobre el trabajo de comunidades judías y notarios. Luis Portero, que participó en la negociación del texto de la ley, es uno de estos abogados. Asegura haber tramitado más de 12.000 expedientes de nacionalidad y defiende que la ley permite aportar otros medios de prueba para certificar la ascendencia por lo que, a diferencia de lo que mantiene Justicia, sí serían válidos los certificados de otros países ajenos al solicitante. El abogado, después de ver cómo 600 de sus clientes han sido rechazados, defiende que la Administración ha cambiado de criterio y que está exigiendo nuevos requisitos. “Se está cuestionando el trabajo de comunidades judías de todo el mundo y se está cuestionando la fe pública de los notarios. Se está acusando de fraude y no es verdad”, denuncia.
Encendida la polémica en redes y en el ámbito político, la Federación de Comunidades Judías de España, que tiene competencia universal para acreditar la ascendencia de cualquier solicitante viva donde viva, ha rechazado que pueda hablarse de antisemitismo. “Las resoluciones de los expedientes en ningún momento se han condicionado a decisiones políticas, como algunos pretenden dar a entender, sino al cumplimiento de la ley”, afirma una portavoz. “Si los expedientes no cumplen con los requisitos de la ley, no están bien presentados o tienen documentación incorrecta, es normal que se denieguen”. La Federación recuerda además que la concesión de la nacionalidad a los sefardíes no está vinculada a la confesión sino al origen judeo-español y que hay una mayoría de personas no judías que han obtenido su pasaporte.
Otro abogado, Alberto de Lara Bendahan, que también se ha dedicado años a la tramitación de la nacionalidad de sefardíes, considera que la polémica no tiene fundamento y resume lo ocurrido de forma sucinta: “El procedimiento era un coladero. Se confiaba en el criterio del notario, que era quien valoraba la idoneidad de la documentación, y el ministerio laxamente las iba aprobando. De repente se dieron cuenta de que había miles de solicitudes que tenían certificados de ascendencia de un cuestionable valor probatorio”. De Lara recuerda que la gestión de todos estos miles de expedientes “ha significado una oportunidad de negocio bastante lucrativa para abogados, asesores, notarios y algunas entidades a las que se acudió para respaldar las solicitudes” y que la reparación histórica que perseguía la ley no era siempre la principal motivación.
En septiembre de 2019 concluyó el plazo para que los descendientes de sefardíes soliciten la nacionalidad, aunque la pandemia dio algo de margen a los tiempos. En total, desde la aprobación de la ley se han recibido 63.873 peticiones y se han aprobado ya 36.182, el grueso entre 2020 y 2021. En los cajones y a la espera de que los documentos pasen por el notario quedan aún por resolver ––ahora con lupa–– unas 50.000 solicitudes más aún en proceso.
España prometió la nacionalidad a los judíos sefardíes. Ellos ahora se sienten traicionados
El gobierno de España anunció en 2015 que otorgaría la ciudadanía a los descendientes de judíosexpulsados durante la Inquisición. Este verano empezaron a llover los rechazos.
María Sánchez, terapeuta de salud mental retirada en Albuquerque, ha pasado las últimas cuatro décadas rastreando su linaje judío de España. Creó un vasto esquema genealógico que alcanza casi 1100 años al pasado y en el que aparecen tres ancestros que fueron juzgados por la Inquisición española. Sus hallazgos incluso la llevaron a unirse a una sinagoga en los años ochenta y a convertirse en judía practicante.
Así que cuando el gobierno español dijo en 2015 que le otorgaría la nacionalidad a las personas de linaje judío —un programa difundido como reparaciones por la expulsión de los judíos que inició en 1492— Sánchez presentó una solicitud. Contrató a un abogado de inmigración, consiguió un certificado de su sinagoga y voló a España para presentar ante un notario su esquema genealógico.
Luego, en mayo, recibió una carta de rechazo.
“Sentí como un golpe en el estómago”, dijo Sánchez, de 60 años, a quien le dijeron que no había comprobado que era judía sefardita. “Echaron a mis antepasados, no van a volver a hacer esto otra vez”.
Las estadísticas de España y entrevistas con postulantes frustrados revelaron una ola de más de 3000 solicitudes rechazadas en meses recientes lo que genera dudas sobre la seriedad del país en cumplir su promesa de reparar y corregir uno de los capítulos más oscuros de su historia, la Inquisición. Antes de este año, solo una persona había sido rechazada y alrededor de 34.000 solicitudes fueron aprobadas, indicó el gobierno.
Al menos otras 17.000 personas no han recibido respuesta, según los datos gubernamentales. Muchas de ellas han esperado durante años y gastado miles de dólares en honorarios de abogados y viajes a España para presentar la documentación.
No está claro a qué se debe esta ola de rechazos. El gobierno de España dijo que simplemente estaba intentando ponerse al día con los casos atrasados. Pero los abogados que representan a los postulantes dicen que sienten que las autoridades han tenido un cambio de parecer respecto al programa que en 2019 dejó de recibir solicitudes formalmente.
Para los solicitantes, queda una sensación de desconcierto y traición.
Algunos veían la nacionalidad como un modo de hacer las paces con la persecución que sus antepasados sufrieron al formar un vínculo con su tierra ancestral. Otros tenían preocupaciones más inmediatas, al ver en el pasaporte español la esperanza de escapar de las dificultades en sus propios países.
Para los venezolanos era un salvavidas, dijo Marcos Tulio Cabrera, fundador de la Asociación de Españoles-Venezolanos de Origen Sefardí, y cuya familia de nueve integrantes fue rechazada este mes. Cabrera, quien reside en Valencia, Venezuela, una ciudad aquejada por la inestabilidad económica y el crimen organizado, dijo que ha gastado casi 53.000 dólares para presentar las solicitudes, lo que ha agotado gran parte de los ahorros familiares.
Las solicitudes rechazadas han molestado a los funcionarios en Washington, entre ellos a la congresista Teresa Leger Fernandez, demócrata por Nuevo México, quien comentó que había tratado el tema con la Casa Blanca y el Departamento de Estado al recibir quejas de solicitantes en su distrito.
“Su negativa es peor que si no hubieran ofrecido la ciudadanía en primer lugar”, dijo Fernandez refiriéndose a España. “Es un ejemplo de cómo no hacer reparaciones”.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia de España, encargado de revisar las solicitudes, dijo que se esforzaba por cumplir la ley española y que era natural que tuvieran que rechazarse muchos de los casos.
Quienes cumplieron los requisitos son bienvenidos “de nuevo al que es su país pero, de igual manera, los que no acrediten los requisitos de la ley, verán su solicitud denegada como ocurre con cualquier proceso”.
El programa inició en 2015, cuando el Parlamento español aprobó por unanimidad una ley que otorgaría la ciudadanía a cualquiera que probara tan solo un ancestro judío que hubiera sido expulsado durante la Inquisición. El gobierno dijo que no era necesario que los postulantes fueran judíos y no se les exigiría renunciar a su nacionalidad actual, pero sí que demostraran que sabían hablar español y aprobar un examen de ciudadanía.
“Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante”, dijo en aquel momento Rafael Catalá, entonces ministro de Justicia de España.
España fue hogar de algunas de las comunidades judías más prósperas, que durante siglos produjeron grandes poetas, historiadores y filósofos. Los judíos sefardíes o sefarditas, que descienden de comunidades de la península ibérica, son una de las dos divisiones étnicas judías de Europa, junto con los asquenazí, que se establecieron en el norte y este de Europa hasta su devastación a manos de los nazis.
Pero en 1492, los gobernantes de España, alentados por la Iglesia católica, le dieron un ultimátum a la comunidad: convertirse al catolicismo o marcharse.
Los que se quedaron fueron deportados a lugares tan remotos como el Medio Oriente, el Caribe y zonas que llegarían a ser parte de Estados Unidos. Los judíos sefardíes, como se empezaron a conocer, se aferraron a sus tradiciones en algunos lugares y las escondieron en otros, heredándolas a generaciones que fueron criadas como católicas.
Era una historia de la que Arnulfo Ramírez, profesor emérito de lingüística en la Universidad Estatal de Louisiana, había sospechado que su familia formaba parte. Tanto su abuelo paterno como su padre estaban circuncidados y ninguno sabía por qué. Algunos integrantes de la familia tenían una actitud indiferente hacia la Iglesia católica.
Ramírez rastreó sus apellidos hasta un manifiesto de pasajeros de un buque de descendientes de judíos españoles que salieron de Sevilla en 1580. Presentó sus hallazgos a la sinagoga Or VeShalom en Atlanta, que le otorgó un certificado de su linaje judío y que él llevó a un notario en España.
Ramírez pensó que tenía buenas posibilidades de obtener la ciudadanía. En los años noventa el profesor fue nombrado oficial de la Orden de Isabel la Católica, una condecoración española que incluye caballeros y comandantes, por su trabajo con la lingüística española.
Pero se equivocó: a principios de julio, se enteró de que tanto él como su hija, quien practica el judaísmo, habían sido rechazados.
César David Ciriano, abogado de inmigración en Zaragoza, España, dijo que hasta este año era casi inédito escuchar de solicitudes que hubieran sido rechazadas luego de presentarlas al gobierno.
Esto se debía a que los notarios españoles, como al que acudió Ramírez, servían de filtro al aprobar los certificados de judaísmo de los solicitantes, el árbol genealógico y otros documentos antes de que se enviara formalmente una solicitud. Los funcionarios del gobierno no podían contradecir la decisión del notario, advirtió Ciriano.
Sin embargo, este año los funcionarios empezaron súbitamente a desconfiar de las aprobaciones de los notarios, dijo. “Esta es la primera vez que veo comportamiento ilegal como este por parte del gobierno”, dijo Ciriano.
El gobierno español dijo en su comunicado que se apegaba a la ley en las decisiones de nacionalidad.
Sánchez, la terapeuta de Nuevo México cuya solicitud fue rechazada en mayo, tiene una demanda pendiente para apelar su caso ante el gobierno español.
Enumera nombres de antepasados como Bartolomé Romero, un español de ascendencia judía que se estableció en Nuevo México alrededor de 1500 y que es un tatarabuelo de hace nueve generaciones. Su esquema de pedigrí genealógico, que abarca más de 250 páginas, llega hasta un antepasado de nombre Ancar III, fallecido en el año 902.
Pero dijo que la negativa del gobierno español la hizo dudar.
“Tuve que sentarme un momento y pensar: ‘Bueno, entonces ¿quién soy?’”, dijo. “¿Dónde están mis antecedentes? Pero tengo fuertes antecedentes sefardíes. Puedo decir que soy judía. Esta soy yo”.